La Junta de Andalucía asumió la tutela de los niños de Carmen Fernández cuando tenían cuatro y cinco años, debido al alcoholismo que sufría la madre. Los pequeños fueron declarados en desamparo y, con vistas a consolidar su nuevo contexto familiar, dados de inmediato en acogimiento a una familia. Sintiendo Carmen Fernández que iba a perder a sus niños, superó con rapidez su adicción. Si los menores acababan adoptados por la familia de acogida, la madre perdería la patria potestad. Entabló una batalla judicial.

El inicial respaldo de los tribunales a las medidas adoptadas por la Junta complicó las cosas, hasta que su abogado de oficio, Gabriel Velamazán, comenzó a ganar un pleito detrás de otro. Pero la resistencia del juzgado que dictó el desamparo y los sucesivos recursos de la familia de acogida dilataron el procedimiento. La decisión de devolver a los pequeños se eternizó en los tribunales. La peregrinación administrativa y judicial se prolongó durante diez años. De 1996 a 2006, cuando se falla la indemnización millonaria.

El auto de la Sección Sexta de la Audiencia de Sevilla ha concluido que «fueron ignorados y pisoteados los derechos humanos elementales de los hermanos a la afectividad, convivencia, ligazón natural y proximidad con su madre». Vínculos rotos, difíciles de reparar. «Hay una responsabilidad por funcionamiento anómalo de la Justicia. Lo primero que hay que ver es que un menor no debería tardar en tener una sentencia de la Audiencia más de dos años», advierte Velamazán desde su modesto despacho de Sevilla.

«Sucede que el sistema de protección aplica siempre la cirugía mayor», corroboraba el abogado especializado en temas de menores José Antonio Bosch durante la reciente presentación en sociedad de la Asociación Pro Derechos Humanos de los Menores en Andalucía, en la que participan letrados, trabajadores sociales y padres privados de la tutela de sus hijos. Porque hay otras madres y otros padres en igual o peor situación que Carmen Fernández. «Unos 200, calculamos, sólo en Andalucía», estima Asunción García Acosta, presidenta del colectivo.

«A destiempo»

Según los datos del Ministerio de Asuntos Sociales, 31.386 menores viven en España tutelados por la Administración. Apartados de sus padres tras ser declarados en desamparo. Sus progenitores no pueden o no quieren cuidarlos. Crecerán en un centro de menores o en el seno de una familia de acogida. Pero ni todos los padres biológicos aceptan el desamparo, ni todas las decisiones son lo atinadas que debieran ser. «En muchos casos, se decreta el desamparo con demasiada celeridad», denuncia José Luis Calvo, responsable del 'teléfono del menor' de Prodeni (Pro Derechos del Niño y la Niña).

Cuando el expediente se resuelve definitivamente, han podido transcurrir cinco, seis, siete años. «Mucho tiempo para hacer justicia. Cuando nacimos, hace veinte años, nunca nos planteamos que el enemigo a batir era la Administración», añade Calvo. «Detrás de muchos procedimientos he visto que se tienen más en cuenta las impresiones que, a título personal, tienen muchos funcionarios. Imponen su criterio en los informes técnicos que llegan a manos del juez y éste tiene al final para el magistrado más poder que todo lo que pueda argumentar la familia», lamenta.

El juez de familia Francisco Serrano -el mismo que retiró la custodia de los hijos a Carmen Fernández- ha propuesto incluir en el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento «plazos de caducidad para oponerse a las resoluciones administrativas en las que el tiempo corre en contra del interés del menor». El abogado Gabriel Velamazán cuestiona este planteamiento si estos plazos «van en la línea de que las familias biológicas tengan un tiempo limitado para rebatir o para oponerse. Entonces, no», enfatiza. Aunque las resoluciones «justas» lleguen «a destiempo».