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ANDALUCÍA
– Protección de Menores
PRODENI
RECLAMA A LA JUNTA DE ANDALUCÍA MEDIDAS A FAVOR DE LAS FAMILIAS ACOGEDORAS Y DE
LOS NIÑOS TUTELADOS POR LA ADMINISTRACIÓN
17.11.09
En un escrito dirigido a
Micaela Navarro, a los portavoces de los Grupos Políticos del Parlamento
andaluz y a la presidenta de la Comisión parlamentaria Para la Igualdad, la
asociación da cuenta de problemas que afectan a familias de acogida de menores
tutelados por la Junta que se han visto agravados con la nueva normativa de
Educación pues se ven obligadas a pagar los servicios de comedor, aula matinal
y actividades extraescolares, cuando hasta este curso era todo gratuito para
estos niños, y eso que el Parlamento de Andalucía aprobó a finales de junio
de este año una proposición no de ley para el impulso del acogimiento familiar
como medida de protección. Además, la asociación denuncia la descoordinación
entre la Consejería Para la Igualdad y Educación en el tema de las matrículas
a los colegios, pues cuando ya comenzado el curso una familia recibe niños en
acogimiento, al ir a matricularlos se suele encontrar con la respuesta de que ya
se ha pasado el plazo para inscribirlos, o si son varios hermanos, teniendo que
colocarlos en distintos colegios, lo que perjudica seriamente la dedicación de
la familia a estos niños. Esa rigidez burocrática para los menores tutelados
en acogimiento familiar llama la atención a la asociación que pide a Micaela
Navarro que coordine y resuelva estos asuntos en el Consejo de Gobierno.
También, la asociación, reclama ayudas económicas para las familias
acogedoras por los gastos extraordinarios que les supone atender a los niños de
acogida, pues al no recibir ninguna remuneración por la colaboración, muchas
de esas familias se encuentran “apuradas” y puede repercutir en la calidad
de la atención.
Por otro lado, PRODENI,
denuncia el desinterés de la Junta por cumplir sus propias leyes y normativas,
pues niega información sobre sus derechos a los menores tutelados, que además
no saben (porque se les oculta) que pueden pedir comparecencia con el Ministerio
Fiscal o con el Defensor del Menor cuando tengan problemas y lo necesiten.
Precisamente ahora se celebra el 20 aniversario de la Convención de Derechos
del Niño que en su art. 42 impone a los Estados miembros que se divulgue el
contenido de la misma entre los adultos y entre los niños.
Además, sostiene la asociación, se producen otros incumplimientos de la
legalidad, como es que todavía siga sin ponerse en marcha el Consejo General de
Infancia y los Consejos Provinciales aprobados hace once años por la Ley
andaluza del Menor 1/98, y el que haya quedado sin efecto desde hace tres años
el Plan Integral de Infancia que estuvo en vigor entre 2003 y 2006, lo que
redunda en perjuicio de la calidad del sistema de Protección de Menores,
concluye la asociación.
NOTA: De los más de diez mil
menores tutelados por la Junta de Andalucía, algo más de siete mil están
acogidos en familias extensas y ajenas.
El
ESCRITO DIRIGIDO A LA CONSEJERA:
“La Ley 1/1998 de 20 de
Abril de los derechos de atención al menor en Andalucía, en sus artículos
10.5, 10.6, 11.5 y 11.6, establece la implicación especial de los centros
sanitarios y educativos de Andalucía en la detección y comunicación de
situaciones de desprotección o riesgo de maltrato de menores, estableciendo una
atención preferente para abordar las situaciones de menores en riesgo
socio-educativo.
Con la publicación en BOJA
del Procedimiento de Coordinación para la Atención a Menores Víctimas de
Malos Tratos en Andalucía, se daba un paso fundamental en la coordinación de
las actuaciones a desarrollar desde las distintas instancias: Protección,
Salud, Educación, Fuerzas de Seguridad, Justicia y Administraciones Públicas,
principalmente Junta de Andalucía y Ayuntamientos.
Con estas normas
fundamentales, más la implementación de recursos como los Equipos de
Tratamiento Familiar, de Mediación… se ha definido el Sistema de Protección
a la Infancia, caracterizado por la corresponsabilidad del conjunto de la
sociedad y sus instituciones públicas y privadas, en la protección y atención
a la infancia andaluza.
Desde PRODENI nos felicitamos
por los logros y avances conseguidos hasta hoy en el veinte aniversario de la
Convención de los Derechos del Niño, pero conscientes de las carencias que aún
hoy se registran en Andalucía, queremos denunciar situaciones que creíamos
superadas y que es necesario abordar.
Concretamente
denunciamos:
j El pasado 19/06/09 se publicó en
el BOPA la presentación de una Proposición no de Ley para el impulso del
acogimiento familiar como medida de protección en Andalucía que fue aprobada
por el Pleno del Parlamento en sesión celebrada los días 24 y 25 de Junio de
2009. Esto es, el Pleno del Parlamento insta al Gobierno andaluz a adoptar
diversas medidas en aras de facilitar y promover el acogimiento familiar
apoyando a las familias extensas y ajenas.
Con posterioridad a dicha
Proposición, por acuerdo del Consejo de Gobierno de 07/07/09 se aprueban los
precios públicos de Educación dejando fuera del baremo de gratuidad a los
menores tutelados por la Junta de Andalucía tanto en familias acogedores como
extensas, debiendo asumir los gastos educativos de aula matinal, comedor y
actividades extraescolares que los menores requieran, dándose la circunstancia
que hasta este curso las familias acogedoras y extensas estaban exentas de tales
tasas. Es decir, mientras que por el citado acuerdo del Consejo de Gobierno se
reconoce la gratuidad de los servicios educativos para el primer ciclo infantil
(guarderías) “cuando existan circunstancias sociofamiliares que originen
la adopción de medidas de protección del menor por parte de las instituciones
públicas”, esta mención desaparece por completo en lo que se refiere a
los servicios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares,
definiendo la situación de dificultad extrema o riesgo de exclusión con un
criterio única y exclusivamente económico, poco generoso.
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A raíz de denuncias recibidas en
PRODENI por parte de familias acogedoras, hemos podido comprobar como la
Administración Educativa además de cobrar a las familias acogedoras servicios
prestados a menores que están tutelados por la propia Junta de Andalucía, no
establece ningún tipo de discriminación positiva a la hora de la matriculación
de estos menores. A tal efecto, hemos consultado los criterios de matriculación
comprobando la ausencia total de cualquier indicador que beneficie a los menores
declarados en situación de desamparo y tutelados por la Junta de Andalucía. No
debemos olvidar, y aunque parezca obvio lo citamos, que según establece el
apartado 1 del art. 172 del Código Civil y art. 20 del Decreto 42/2002 de 12 de
Febrero de Desamparo, Tutela y Guarda del Menor, situación de desamparo es
aquella en que se constata que los menores se encuentran privados de la
necesaria asistencia moral o material.
2.1. Situación en la que se
suelen encontrar las familias acogedoras o de familia extensa:
Una familia acogedora que
acoge a uno o varios menores va a matricularlos al colegio y se encuentra con
la siguiente respuesta: Está fuera de plazo.
Otro supuesto: El menor puede
haber sido declarado en desamparo recientemente y puede estar sin inscribir
todavía en el registro, sin documento de identidad, sin empadronar…
situaciones todas ellas insalvables con la normativa vigente de Educación.
Otro más: Si son varios
menores, puede ocurrir que uno lo matriculen en un centro y haya que buscar
centro para otro dificultando que los menores –hermanos- mantengan el vínculo
siendo una odisea para la organización familiar: Reparto matutino de niños,
idem de recogida, coordinación tutores, profesores…
Y otro más: Si la familia
acogedora tiene ingresos superiores al 20% del IPREM, le toca pagar a Educación
de la Junta de Andalucía por gastos ocasionados por un menor o menores
tutelados por Bienestar Social, que es también de la Junta de Andalucía.
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La política del Gobierno andaluz
respecto al régimen de acogimientos familiares excluye la remuneración a las
familias, un sistema que se están extendiendo en otras comunidades autónomas y
que responde a experiencias ya consolidadas en algunos ámbitos europeos. No es
cuestión de plantear lo positivo o lo menos positivo de la medida, ni nosotros
ahora nos vamos a pronunciar. Pero entre dotar a las familias acogedoras de una
remuneración para que ejerzan con profesionalidad y dedicación exclusiva la
tarea de colaboración en el acogimiento, y la actual situación de no darles ni
un solo céntimo para colaborar en los gastos que la familia acogedora lógicamente
tiene con uno o más menores tutelados por la Administración (a excepción de
algunas familias extensas que por carencia económica reciben algún tipo de
remuneración) creemos que hay un paso intermedio, y es apoyar económicamente a
aquellas familias acogedoras que demuestren ciertos gastos que el cuidado,
manutención y servicios, se supone gravan su economía e, incluso, a veces,
ponen en riesgo la permanencia del acogimiento y/o la calidad de los cuidados y
atención que precisa el menor o los menores acogidos. Para dar cuenta de la
dificultad que una familia acogedora puede llegar a tener, ponemos de ejemplo un
caso en Granada de un matrimonio formado por una profesional técnico de
Protección de Menores y un Educador, también de la Junta, dándose la
circunstancia de que este último, para atender debidamente a un niño en
acogida con graves dificultades de salud, tuvo que pedir una excedencia y dejar
de trabajar durante dos años.
mHace tiempo que PRODENI viene advirtiendo que el sistema de
Protección de Menores de la Junta de Andalucía excluye a los niños y niñas
bajo tutela del conocimiento de sus derechos, y eso a pesar de leyes como la
Convención de Derechos del Niño, de 1989, la Ley Orgánica 1/1996 de Protección
Jurídica del Menor, La Convención Europea del Ejercicio de los Derechos del Niño,
de 1996, La ley andaluza 1/98 de 20 de Abril de Derechos y Atención al Menor, y
posterior normativa que en nuestra tierra se ha venido desarrollando sobre
menores tutelados y acogimiento residencial.
Toda la legislación coincide
en afirmar el papel activo y participativo de los niños y niñas en las
cuestiones que les afecten; en que son personas sujetos y titulares de derechos,
y en la obligación de los Estados y Administraciones en velar y garantizar la
efectividad de los mismos. Sin embargo, a lo largo de estos años, ninguno de
los menores bajo tutela administrativa de la Junta de Andalucía, o aquellos que
anteriormente lo habían estado y con los cuales hemos tenido la oportunidad de
hablar y de preguntarles, conocía la existencia de la Convención de los
Derechos del Niño, ni su derecho a ser escuchados por las instituciones. Es así,
que ni siquiera conocían que podían dirigirse al Fiscal del Menor o al
Defensor del Menor.
Tal actitud de no informar de
sus derechos a los niños y niñas bajo tutela de la Junta de Andalucía, es
general en el sistema de Protección de Menores (centros, pisos de acogida,
programas de acogimiento…) pero también detectamos una notable e inexplicable
despreocupación de los Equipos Técnicos como si no fuera vital que los menores
tutelados estén informados, o, como si las leyes y normativas no estuvieran ahí
para ser garantizadas.
No es la primera que nos
hemos dirigido a la Administración, e, incluso, al Parlamento andaluz, pues no
cabe duda que los niños y niñas bajo tutela administrativa proceden de
ambientes y circunstancias en los que el conocimiento y disfrute de sus derechos
suele brillar por su ausencia y, que, por lo mismo, en el diseño de estrategias
y en el diario trabajo de campo con los menores se debería tener en cuenta a
fin de asegurarles la mejor recuperación e integración familiar y social.
A tal efecto, destacamos el
Decreto 42/2002 de 12 de Febrero que en su artículo 17.4, dice: “La
Administración de la Junta de Andalucía, en colaboración con la Fiscalía y
el Defensor del Menor de Andalucía, pondrá a disposición de los menores
sujetos a medidas de protección, los medios adecuados para que puedan plantear
directamente ante aquellos, sus problemas y necesidades, o presentar, en su
caso, las quejas y reclamaciones que consideren conveniente para la defensa de
sus derechos.”
nLa Ley andaluza del menor 1/98, aprobó, entre otros, la creación
de dos órganos colegiados de participación y coordinación de las
instituciones públicas y privadas, incluidas las integradas por menores para el
asesoramiento, planificación y seguimiento de la aplicación de los derechos
infantiles. Se trata del Consejo Regional y de los Consejos Provinciales de la
Infancia, quedando todo ello a merced de la aprobación del correspondiente
reglamento en el que se determinarían los fines, composición y su régimen de
funcionamiento. Pues bien, dichos Consejos (regional y provinciales) no se han
puesto en marcha todavía después de once años de haber sido creados. Por otra
parte el único Plan Integral de Infancia puesto en marcha por la Junta de
Andalucía, estuvo en vigor entre 2003 y 2006 y lleva tres años caducado. Dicha
carencia de órganos de participación y del Plan Integral, además de resultar
un incumplimiento de la propia ley andaluza, perjudica seriamente al propio
sistema de Protección de Menores, pues son instrumentos de coordinación y
participación absolutamente necesarios.
En
conclusión, solicitamos:
1.) Que el Gobierno andaluz
reconozca las especiales necesidades de los menores declarados en desamparo,
estableciendo para ellos prioridad máxima en cuanto a ser atendidos por los
servicios educativos:
a) Prioridad a la hora de su
matriculación eliminando cualquier traba de tipo burocrático y asegurando su
integración normalizada por parte de la Comunidad Educativa.
b) La gratuidad de los servicios
educativos para las Familias Acogedoras.
2.) Que el Gobierno
andaluz contemple la creación de un programa de ayudas a las familias
acogedoras para colaborar en el sostenimiento de gastos que les ocasione el
especial cuidado y atención de niños tutelados por la Administración.
3.) Que el Gobierno
andaluz promueva que se lleve a cabo una difusión general de los derechos del
niño respondiendo a la exigencia del art. 42 de la Convención de Derechos del
Niño, y en particular a los más de tres mil menores tutelados por la
Administración en acogimiento residencial (más de siete mil gozan de
acogimientos familiares) para que reciban información sobre sus derechos, en
especial el de poder comunicar con el Ministerio Fiscal y con el Defensor del
Menor cuando lo necesiten. Todo ello por medio de carteles, folletos… y por
medio oral, poniendo a su disposición los mecanismos para que ese derecho les
sea facilitado por la institución al solicitarlo.
4.) Que por el Gobierno
andaluz se ponga en marcha el Consejo Regional de Infancia y los
correspondientes Consejos Provinciales y se active en el menor tiempo posible un
nuevo Plan Integral de Infancia.”
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