Asuntos
Sociales aboga por la acogida familiar de menores frente a los CAI
Arregui
reconoce que aplicar la Ley del Menor ha desbordado al Gobierno
Diario La Opinion de Tenerife, 3/7/2005
El
director general de Protección al Menor y la Familia, José Luis
Arregui, abogó por el acogimiento familiar de menores frente a la
acogida familiar institucionalizada que ofrecen los Centros de
Acogida Inmediata (CAI). Arregui reconoce además que la aplicación
de la Ley del Menor en Canarias ha desbordado al Gobierno, por eso
está a favor de su reforma.
Uno de los planteamientos fundamentales
de Asuntos Sociales es el referido al ámbito de la prevención.
De hecho, el fiscal de menores Manuel Campos aseguró
recientemente que el 30% de menores en protección de la provincia
tinerfeña acaba con medidas judiciales. En este sentido, los
Centros de Acogida Inmediata (CAI) juegan un papel muy importante.
Desde la Consejería se apuesta por incrementar y potenciar el
acogimiento familiar, de manera que decrezcan los acogimientos
institucionales. En paralelo, también deben de aumentar las
adopciones de niños canarios, haciendo hincapié en aquellos
chicos que tienen más dificultades. El apoyo a los cabildos para
la creación de centros para chicos con graves problemas de
transtornos en la conducta es otro de los pilares del Gobierno.
"Es importante poner en marcha esta red, que junto a la
potenciación de acogimientos familiares harían recuperar a los
CAI el sentido para que el que fueron creados, es decir, centros
en los que haya un protocolo para que los chicos estén allí poco
tiempo", matizó Arregui.
Además, el uso de contratos-programa de carácter cuatrienal con
cabildos y ayuntamientos evitaría ciertos "mecanismos
perversos" provocados por la subvención anual mediante la
que se funciona actualmente, al tener asegurados los equipos de
profesionales su continuidad, a la vez que permitieran la
planificación a medio plazo.
Herencia adquirida
En relación a la herencia adquirida del anterior equipo de Empleo
y Asuntos Sociales, Arregui reconoce que "la aplicación de
la Ley del Menor nos ha desbordado". "Hablamos del
perfil delictivo más duro de todos, ya que el trabajo con la
población delictiva adulta es más fácil". Además, añadió,
"la ley no lo pone nada fácil porque en los centros con
medidas judiciales puede haber chicos desde 14 hasta 23 años, de
manera que la clasificación no se facilita nada con semejante
horquilla de edad. Lo lógico es que las personas de 18 a 23 años
tuvieran otro tipo de recursos, teniendo en cuenta la punta de
reincidencia y de conductas agresivas en el colectivo de jóvenes
de 17 años". En este sentido, el director general del Menor
comparte la opinión de varios fiscales españoles así como del
ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, de reformar la
Ley del Menor. "El tema de las edades es un asunto en los que
más se debe de incidir", señaló. No obstante, Arregui
también comparte la opinión de Emilio Calatayud, uno de los
jueces españoles de menores famoso por sus "condenas
alternativas" derivadas de su profunda creencia en la
reinserción de menores delincuentes. "Eso es una certeza a
la vez que un mensaje esencial, porque es necesario conocer la
historia del menor para aplicar un tratamiento
personalizado", puntualizó. "Lo que sucede es que llama
más la atención ese 15% de multirreincidentes que el 85%
restante".
El objetivo de los CAME es la integración laboral
Con respecto a los Centros de Acogida para Menores Extranjeros
(CAME) Arregui entiende que "su objetivo final es la
integración de estos chicos así como su inserción
laboral". Además, el concepto de "temporalidad" es
muy importante, ya que los chicos no se pueden eternizar en estos
centros. En paralelo, Asuntos Sociales ha de dar respuesta a
nuevas demandas y problemas que están surgiendo como son las
politoxicomanías, sobre todo en lo referido a tratamientos de
dependencia de benzodiacepinas (sustancias tranquilizantes)
mezcladas con anfetaminas (sustancias excitantes), un asunto que
está desbordando a la comunidad científica por su novedad, o
para el tratamiento de los problemas de conducta. En este sentido,
el elemento fundamental es establecer mayor coordinación con
cabildos, ONG, Fiscalía y juzgados. "Hay mucho trabajo que
hacer en el tema de menores en materia de coordinación".
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