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Asuntos Sociales aboga por la acogida familiar de menores frente a los CAI

Arregui reconoce que aplicar la Ley del Menor ha desbordado al Gobierno
Diario La Opinion de Tenerife, 3/7/2005


El director general de Protección al Menor y la Familia, José Luis Arregui, abogó por el acogimiento familiar de menores frente a la acogida familiar institucionalizada que ofrecen los Centros de Acogida Inmediata (CAI). Arregui reconoce además que la aplicación de la Ley del Menor en Canarias ha desbordado al Gobierno, por eso está a favor de su reforma.

Uno de los planteamientos fundamentales de Asuntos Sociales es el referido al ámbito de la prevención. De hecho, el fiscal de menores Manuel Campos aseguró recientemente que el 30% de menores en protección de la provincia tinerfeña acaba con medidas judiciales. En este sentido, los Centros de Acogida Inmediata (CAI) juegan un papel muy importante.
Desde la Consejería se apuesta por incrementar y potenciar el acogimiento familiar, de manera que decrezcan los acogimientos institucionales. En paralelo, también deben de aumentar las adopciones de niños canarios, haciendo hincapié en aquellos chicos que tienen más dificultades. El apoyo a los cabildos para la creación de centros para chicos con graves problemas de transtornos en la conducta es otro de los pilares del Gobierno. "Es importante poner en marcha esta red, que junto a la potenciación de acogimientos familiares harían recuperar a los CAI el sentido para que el que fueron creados, es decir, centros en los que haya un protocolo para que los chicos estén allí poco tiempo", matizó Arregui.
Además, el uso de contratos-programa de carácter cuatrienal con cabildos y ayuntamientos evitaría ciertos "mecanismos perversos" provocados por la subvención anual mediante la que se funciona actualmente, al tener asegurados los equipos de profesionales su continuidad, a la vez que permitieran la planificación a medio plazo.

Herencia adquirida
En relación a la herencia adquirida del anterior equipo de Empleo y Asuntos Sociales, Arregui reconoce que "la aplicación de la Ley del Menor nos ha desbordado". "Hablamos del perfil delictivo más duro de todos, ya que el trabajo con la población delictiva adulta es más fácil". Además, añadió, "la ley no lo pone nada fácil porque en los centros con medidas judiciales puede haber chicos desde 14 hasta 23 años, de manera que la clasificación no se facilita nada con semejante horquilla de edad. Lo lógico es que las personas de 18 a 23 años tuvieran otro tipo de recursos, teniendo en cuenta la punta de reincidencia y de conductas agresivas en el colectivo de jóvenes de 17 años". En este sentido, el director general del Menor comparte la opinión de varios fiscales españoles así como del ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, de reformar la Ley del Menor. "El tema de las edades es un asunto en los que más se debe de incidir", señaló. No obstante, Arregui también comparte la opinión de Emilio Calatayud, uno de los jueces españoles de menores famoso por sus "condenas alternativas" derivadas de su profunda creencia en la reinserción de menores delincuentes. "Eso es una certeza a la vez que un mensaje esencial, porque es necesario conocer la historia del menor para aplicar un tratamiento personalizado", puntualizó. "Lo que sucede es que llama más la atención ese 15% de multirreincidentes que el 85% restante".

El objetivo de los CAME es la integración laboral

Con respecto a los Centros de Acogida para Menores Extranjeros (CAME) Arregui entiende que "su objetivo final es la integración de estos chicos así como su inserción laboral". Además, el concepto de "temporalidad" es muy importante, ya que los chicos no se pueden eternizar en estos centros. En paralelo, Asuntos Sociales ha de dar respuesta a nuevas demandas y problemas que están surgiendo como son las politoxicomanías, sobre todo en lo referido a tratamientos de dependencia de benzodiacepinas (sustancias tranquilizantes) mezcladas con anfetaminas (sustancias excitantes), un asunto que está desbordando a la comunidad científica por su novedad, o para el tratamiento de los problemas de conducta. En este sentido, el elemento fundamental es establecer mayor coordinación con cabildos, ONG, Fiscalía y juzgados. "Hay mucho trabajo que hacer en el tema de menores en materia de coordinación".