Yeray no lo sabe pero, a día de hoy, es hijo del Estado. No son sus padres
quienes se ocupan de cambiarle pañales, alimentarle o vacunarle, sino las
enfermeras del hospital sevillano de Valme, donde nació con un síndrome de
abstinencia legado por su madre, que empezó a combatir la toxicomanía con
metadona durante su reclusión por un atraco. Abuelos, tíos o primos tampoco
pueden visitarle: el contacto familiar ha sido prohibido por el Servicio de
Menores de la Junta de Andalucía tras declarar al recién nacido en desamparo.
Cuando reciba el alta médica, irá a un centro de protección, donde permanecerá
por un tiempo indefinido hasta que la Administración decida si este bebé de
apenas dos meses será cuidado por parientes o acogedores anónimos.
En España hay 27.000 menores en el sistema de protección, construido para
tutelar a niños abandonados, desatendidos o maltratados por su familia. A pesar
de que su universo demográfico decrece (los menores de 17 años eran el 19% en
1998 y ahora son el 17%), los expedientes de tutela aumentan. A esto contribuyen
también los menores extranjeros no acompañados que deben ser tutelados si
carecen de allegados en España (las reagrupaciones familiares en el exterior
son mínimas).
Yeray es una incorporación reciente al sistema. Infrecuente. Se diría que
su destino está en manos del Estado desde antes de nacer. Sus padres, Antonia
F. P. y Rafael B. G., se conocieron durante una obra de teatro en la prisión.
Se casaron en un permiso penitenciario. Y Yeray se gestó durante un "vis a vis".
A Rafael le trasladaron, con custodia policial, desde la prisión de Córdoba
hasta el hospital sevillano para que pudiera conocer a su hijo. Antonia, tras
recuperarse del parto, regresó a la prisión de Alcalá de Guadaira (Sevilla),
que cuenta con una unidad modélica para madres presas. Volvió destrozada,
sola, sin bebé.
"Es politoxicómana de larga duración", "no ha mostrado ningún
interés real por mejorar sus aptitudes parentales", "es agresiva y
manipuladora, con una grave trayectoria delictiva y disciplinaria",
"incapaz de atender las más mínimas necesidades de sus dos hijos
anteriores", dice la Administración en la resolución que decreta el
desamparo provisional del pequeño.
Antonia no se resigna y batallará por la tutela en el juzgado. Desde la cárcel,
en una conversación telefónica, se atropella para intentar contarlo todo. Es
cierto que tiene un largo historial de consumo de drogas, que ha atracado y que
se ha despreocupado de sus dos hijos anteriores, uno de ellos dado en adopción
y el otro criado por su padre. Pero defiende su derecho a "una
oportunidad". "¿Es que tienen una bola de cristal para saber lo que
voy a hacer?", cuestiona.
No. Pero la Administración considera que, dados los antecedentes y el
entorno, debe intervenir ante "la vulnerabilidad" de Yeray. "La
clave para actuar es la protección del menor", expone José Luis Calvo,
portavoz de Prodeni, asociación de defensa de los niños. "Incluso en
situaciones peligrosas, los padres suelen reclamar a sus hijos porque tienen una
sensación de propiedad sobre ellos. Es un criterio sobrepasado, el niño es una
persona autónoma de la madre, jurídicamente hablando", tercia.
Al sistema de protección de las autonomías -es una competencia totalmente
descentralizada- van a parar las víctimas de graves delitos (abusos sexuales o
maltrato familiar) y quienes sufren situaciones de abandono menos extremo. Y
también los que, como Yeray, son considerados en riesgo de padecerlo. El 70%
desembarca en el sistema por negligencia y desatención.
La labor preventiva con las familias ahorraría drásticas retiradas de niños.
Una faceta que se ha descuidado, aunque ahora se intente subsanar. "El
trabajo con la familia biológica es el gran déficit que hemos tenido, lo
sensato es poner medios para atajar la situación y ver si es recuperable",
sostiene Marino Villa, adjunto a la Síndica de Greuges -la defensora ciudadana-
de Barcelona. Poco que ver con lo que ha distinguido hasta ahora al sistema.
"Como el interés del menor es el bien supremo, aparto al niño de las
brasas y entonces ya no encuentro razón para averiguar por qué existen las
brasas", critica. Villa sintetiza sus tres grandes preocupaciones: la
prevención, la atención a las familias y la vuelta a casa "siempre que
sea posible".
"La ley prevé expedientes de desamparo y expedientes de riesgo. De
estos no conozco ninguno, siempre se acude a la cirugía desesperada del
desamparo, que es menos caro que trabajar con la familia en una situación de
riesgo", se queja José Antonio Bosch, el abogado que ahora defiende a
Antonia y que antes representó a otras madres biológicas de Sevilla a las que
la Junta había retirado sus hijos.
"La inversión social es el caballo de batalla y lo que lleva a algunos
a afirmar que se quitan sólo los niños a los pobres. Con la reclusa es más fácil
actuar que con familias de ingresos altos", abunda el portavoz de la
asociación Prodeni, José Luis Calvo. "La institucionalización de la
protección del menor y los recursos para sus familias se han desarrollado a
diferente velocidad", añade.
La prevención requiere fondos. Y el trabajo con las familias para desterrar
factores de riesgo, también. "Los presupuestos en servicios sociales
suelen ser exiguos, aunque parece que la concienciación se está despertando
poco a poco", afirma Miguel Ángel Ruiz, profesor de Metodología de
Ciencias del Comportamiento de la Universidad Autónoma de Madrid y coautor de
un proyecto sobre infancia y adolescencia para el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales. "No todas las comunidades autónomas proporcionan el
mismo nivel de políticas y servicios sociales para los grupos más marginados
de la población, en particular familias pobres, familias monoparentales, así
como para niños gitanos y niños de familias inmigrantes", censuraba a
España, en 2002, el Comité de Derechos del Niño de la ONU.
"La pobreza no es el problema", dice taxativo el catedrático de
Psicología Evolutiva de la Universidad de Sevilla, Jesús Palacios. "De
cada 10 niños en protección, siete están por negligencia, son los menores que
pueden quedarse solos cuatro días, que están desnutridos, a veces sus padres
ni siquiera son muy conscientes por sus propios problemas de salud mental o de
adicción". Remacha: "La combinación de adicciones y problemas
mentales suele ser fatal".
Palacios cree que se está reforzando la prevención y pone el ejemplo de
Andalucía, donde se han creado equipos de tratamiento familiar que no existían
hace una década: "Es un progreso importante que permite hacer una evaluación
más segura. Hay una dificultad de origen, los profesionales hacen pronósticos
basados en las evidencias que a veces se cumplen y a veces no".
Aunque los errores sean mínimos, su impacto es infinito en la vida de los
afectados. El abuso del acogimiento preadoptivo y la indiferencia ante el
contexto de la familia biológica está detrás de casos espeluznantes como el
de Carmen Fernández, que perdió la tutela de sus dos hijos en 1996 debido a su
alcoholismo. Los niños fueron entregados a una familia con fines adoptivos
cuando aún no había transcurrido un año de la retirada y a pesar de que la
rehabilitación de la madre marchaba a buen ritmo. No tuvo segunda oportunidad.
La mujer litigó en los tribunales durante años hasta que le dieron la razón.
Su victoria fue también una derrota. Había pasado tanto tiempo que la
Audiencia de Sevilla admitió que era imposible la reunificación familiar. A
cambio, condenó a la Junta de Andalucía a indemnizar a la madre con 1,7
millones de euros por la "privación ilegítima" de sus hijos. Han
pasado 11 años y aún falta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre
el recurso de la Junta.
Pero las políticas parecen ir cambiando. "Antes se tomaban decisiones
demasiado drásticas demasiado pronto, pero los movimientos de madres biológicas
han asustado al sistema y ahora les cuesta mucho tomar una decisión de separación
por miedo a que se organice el follón", asevera el catedrático de la
Universidad de Sevilla Jesús Palacios. "Lo más importante es para qué se
interviene y si conseguimos compensar los déficits. ¿Cuántos menores
institucionalizados hacen estudios universitarios? El déficit es también el
proyecto de salida", completa el adjunto al defensor del cuidadano de
Barcelona Marino Villa.
El proyecto de salida de Yeray está en fase de diseño. Su madre se ha
opuesto en los tribunales al desamparo. Ningún familiar puede verle. Unos tíos
se han postulado como acogedores. Hace pocos días, Soledad, la abuela de la niña,
recibió la visita de técnicos de protección que evalúan el entorno familiar.
"Se sorprendieron por la casa", cuenta Soledad en un salón repleto de
fotos de bodas, comuniones y celebraciones. El último retrato incorporado a la
galería es el de Yeray. El duodécimo nieto de Soledad. Uno de los 27.000 hijos
que tiene el Estado.
Sólo dos años para denunciar
El pleito sobre el destino familiar de la niña de Benamaurel duró
nueve años y llegó al Constitucional. Los vaivenes del niño del Royo
comenzaron en 1999 y siguen. Piedad, nombre falso tras el que está la
historia de una pequeña canaria de 5 años, ha cambiado de entorno tres
veces desde que nació y su caso sigue rodeado de incertidumbre. Cuando
hay conflicto, la duración de los procesos judiciales y la contradicción
entre las decisiones acaba marcando a los niños irremediablemente.En el
proyecto de ley sobre adopción internacional, que está dando sus últimos
pasos en el Congreso, se establece un plazo máximo de dos años para que
los padres biológicos puedan oponerse al desamparo de sus hijos en los
tribunales. Camuflados entre los artículos relativos a la adopción de
menores extranjeros, se ha incluido una serie de medidas que modifican el
Código Civil y que afectan de lleno a los pleitos sobre la custodia de
menores. Hasta ahora, la familia biológica podía acudir a los tribunales
sin límite de tiempo. Si la ley se aprueba con su redacción actual,
tendrán dos años para hacerlo desde que se les notifica la resolución
del desamparo. ¿Pasado dicho plazo decaerá su derecho de solicitud u
oposición a las decisiones o medidas que se adopten para la protección
del menor?, dice el proyecto de ley. La medida despierta reacciones
encontradas. Uno de los agujeros de la legislación española es que no
había plazo. A los siete años podía aparecer una madre biológica y ¿tenía
derecho a recurrir?, sostiene el catedrático Jesús Palacios, defensor de
acotar este paso. ¿En la práctica va a suponer una reducción de las
garantías de quienes tengan la desgracia de acudir a los tribunales
impugnar estas resoluciones?, se queja la Asociación Andaluza Pro
Derechos Humanos de los Menores.Este límite, a juicio del letrado José
Antonio Bosch, no evitará que algunos litigios se puedan eternizar: Lo
hacemos larguísimo entre todos, es simplista creer que cortar el tiempo a
los padres lo arregla. ¿Se podrían fijar tiempos máximos para el juez y
la administración?. El proyecto legislativo no da esos plazos, aunque
establece que los procedimientos sobre protección de menores tendrán
carácter preferente, lo que también obliga a modificar artículos de la
Ley de Enjuiciamiento Civil.
