El servicio de menores de la Junta está desbordado por la falta de personal

PRODENI

Diario La Opinión de Málaga / 27/05/2005 Inma Aljaro

Unos 2.400 expedientes se encuentran actualmente en las mesas de los funcionarios. Una sentencia obliga a Igualdad y Bienestar Social a readmitir a ocho de las trabajadoras despedidas "de forma improcedente"

La falta de personal en el Servicio de Protección de Menores es preocupante. Mientras la Junta asegura que la situación se normalizará en julio, los trabajadores piden soluciones para resolver rápido los expedientes.

Falta personal. Los expedientes se acumulan en las mesas de los funcionarios del Servicio de Protección de Menores, dependiente de la Delegación de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, que se ven obligados "a atender los más urgentes, pese a que todos deberían ser igual de prioritarios", asegura uno de ellos.
La situación es la siguiente: el pasado 31 de diciembre, la Delegación de Igualdad y Bienestar Social rescindió el contrato de once empleadas y, casi cinco meses después, sólo han entrado cuatro interinos para suplir esta falta de trabajadores (abogadas, psicólogas, pedagogas, trabajadoras sociales y administrativas), según informan los propios funcionarios del servicio.
Tras interponer una demanda, ocho de las trabajadoras perjudicadas han conseguido que el juez les dé la razón. Así, según la sentencia a la que ha tenido acceso La Opinión de Málaga, el Juzgado de lo Social número ocho de Málaga ha determinado que el cese de las demandantes son "despidos improcedentes" y condena a la Consejería de Igualdad y Bienestar Social a readmitirlas "en las mismas condiciones anteriores al despido o a indemnizarlas", reza el documento. "Esperamos que sean inteligentes y nos readmitan porque hace falta personal formado, con experiencia y estable. Son temas muy delicados ", declaran.
Y que se acumulan. Según indicaron técnicos del Servicio de Protección a los Menores, si en diciembre el número de expedientes abiertos de menores era de unos 300 por unidades tutelares, en la actualidad los casos han aumentado hasta situarse en "más de 400 por unidad". Si se multiplican por las seis unidades tutelares que trabajan actualmente, la cifra asciende a 2.400 menores que hay que atender en la provincia malagueña.
"Estamos totalmente desbordados", se queja una de las funcionarias. "En Málaga los casos de menores que necesitan ayuda supera en tres y cuatro veces el número de otras provincias mientras que el número de trabajadores es igual o inferior. A esto se suma el hecho de que sólo han metido a cuatro interinos para realizar el trabajo de las once mujeres despedidas", denuncia. La situación, añade, es "insostenible y no nos ponemos de huelga porque al final los perjudicados serían los niños. Por eso, le hemos pedido una cita a la delegada (Ana Paula Montero), pero no hemos conseguido que nos atienda", reclama.
La historia del despido de estas mujeres se remonta a octubre, cuando la Inspección de Trabajo constató que estas empleadas, contratadas como autónomas, estaban sujetas a los mismos horarios y realizaban las mismas labores que los funcionarios adscritos al servicio. Pese a que sus contratos finalizaban el 31 de diciembre, siguieron trabajando "con el compromiso verbal de los responsables de la Administración de ampliar sus contratos seis meses", explican las afectadas.
Sin embargo, la sorpresa llegó cuando, después de trabajar todo el mes de enero sin contrato, los papeles de las prórrogas reflejaban como fecha de finalización de las mismas el 31 de enero de 2005. "Estamos seguras de que ha sido una especie de venganza por denunciar nuestra situación laboral ante la Inspección de Trabajo porque si no, no hay otra explicación", acusa una de ellas.
Por su parte, la delegada de Igualdad y Bienestar Social asegura que los servicios "se están prestando correctamente y con la misma normalidad de siempre", aunque reconoce la falta de personal. "Ya hemos pedido las sustituciones de las bajas maternales que tenemos y a finales de junio, principios de julio, la situación se normalizará", señala.
En su opinión, los problemas de personal de la delegación que dirige no son más graves que los de cualquier otro servicio público, aunque, subraya, los temas "sí son más delicados". Aun así, "hay una política de contratación de personal con unos calendarios establecidos y tenemos que dejarlo en manos de la Administración. Ya ha entrado una parte del personal necesario y próximamente entrará la que queda. Hemos pasado un bache, pero ya estamos saliendo del túnel", indica.
En cuanto al tema del despido, Montero no se pronuncia: "Está siguiendo una vía judicial que terminará en algún momento".