PRODENI
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EL DEFENSOR DEL PUEBLO ESPAÑOL INFORMA A PRODENI ACERCA DE LAS NIÑAS QUE DENUNCIARON MALOS TRATOS DE UN CENTRO DE MENORES DE HORNACHUELOS (CÓRDOBA) EN JULIO DE 2008 Hace un año por estas fechas fue noticia que cinco chicas adolescentes se fugaron del centro para trastornos de conducta Prado de Santa María de la localidad cordobesa de Hornachuelos, de la Fundación Arco Iris, y denunciaron malos tratos ante la Guardia Civil. Cuatro de las cinco menores fueron localizadas días después y devueltas al mismo centro que habían denunciado, desoyendo la Junta la opinión de quienes creían en la necesidad de medidas cautelares de alejamiento a otro establecimiento similar mientras se llevaba a cabo la oportuna investigación de las denuncias. Sorprendió que en la misma semana de su reingreso al centro, las cuatro, según la Junta, acudieran “voluntariamente” ante la Guardia Civil a retirar sus denuncias. Para entonces, Micaela Navarro, Consejera para la Igualdad y Bienestar Social, venía insistiendo en la normalidad de la situación, posicionándose a favor de los técnicos del centro, a la vez que criticaba el alarmismo de quienes apoyaban a las menores y pedían una investigación con medidas cautelares. Sin embargo, no pudo localizar a una de las cinco que se escondió en su entorno familiar en Granada, a pesar de que una y otra vez desde la Administración se anunciaba su inmediata localización y traslado. Aquella menor pidió el amparo de PRODENI nombrando al presidente de la asociación, abogado en Granada, su representante en virtud de lo dispuesto en la Convención de los Derechos del Niño y en la ley 1/96 de Protección Jurídica del Menor; y trasladó a la asociación un escrito en el que reiteraba su denuncia contra educadores del centro, manifestando su total oposición a volver al mismo lugar. Dicho escrito fue remitido por PRODENI a la Fiscalía de Córdoba, que lo unió al procedimiento judicial abierto. Finalmente, la Administración dio el brazo a torcer y concedió el ingreso de la menor en un centro de la provincia de Cádiz. Por aquellas fechas, PRODENI, remitió escrito de queja al Defensor del Pueblo Español, pidiendo una investigación, y éste respondió que el Defensor del Pueblo andaluz había abierto una intervención de oficio y que le correspondía llevar a cabo la investigación. No obstante, el Defensor del P. español se comprometió a tener informado a PRODENI requiriendo información de lo actuado por el Defensor del Pueblo de Andalucía. Así, en Diciembre de 2008, el Defensor del Pueblo dijo a la asociación que había recibido información del Defensor andaluz de que cerraba el caso, pero como no daba cuenta de qué había ocurrido con las niñas y su estado actual, el Defensor del Pueblo requería al de Andalucía a que recabara de la Junta más datos, quedando pendiente de remitir a PRODENI esa nueva información cuando le fuera enviada. Y justo hace unos días, a punto de cumplirse un año de aquella fuga y denuncia, el Defensor del Pueblo informó a PRODENI que había recibido nueva información del Defensor del Pueblo andaluz, esta vez dando algún dato sobre las menores, resultando que todas las niñas (no sólo la que no quiso volver a Hornachuelos y logró su traslado a otro centro) fueron trasladadas a otros centros “cuyos programas se adecuaban más a las necesidades psicopedagógicas de cada una, siempre atendiendo al interés superior de las menores”. Es una información que ha costado mucho conseguir y que se puede ofrecer gracias a la constancia e interés del Defensor del Pueblo que instó a través del Defensor andaluz a las autoridades de la Junta. Se desprende que el centro terapéutico de Hornachuelos no se adecuaba a las necesidades psicopedagógicas de las niñas, cuestión que la Junta nunca tuvo en cuenta antes de la fuga y denuncia de las menores. Es decir, la toma de conciencia institucional de sus necesidades terapéuticas vino después de la alarma suscitada por la fuga y denuncia y el interés mediático del caso. Y si bien en un principio y a lo largo del mes de Julio se sostuvo que lo denunciado por las menores carecía de todo fundamento e, incluso se divulgó la extraña retractación de cuatro de ellas ante la Guardia Civil, al final ha resultado que las chicas no estaban bien allí donde habían sido devueltas en contra de su voluntad y por eso fueron trasladadas a otros centros. Por otra parte, al parecer, siguen abiertas diligencias por un juzgado de la zona, pues hace menos de un mes se requirió a PRODENI la entrega de la carta que la menor fugada en Granada le había hecho llegar ratificándose en su denuncia. La crítica de PRODENI hace un año contra la actuación de la Administración andaluza se ve reforzada ahora en cuanto a que se podría haber evitado a las menores el trauma del reingreso en el centro que habían denunciado, y a la fugada en Granada el periplo de clandestinidad y riesgo a que fue sometida con fuertes presiones sobre su familia y constantes cambios de lugar. Nunca los responsables de la asociación entendieron que si la política que se sigue para las mujeres maltratadas es procurar alejarlas de la fuente del maltrato con medidas cautelares mientras se investiga, Micaela Navarro, les haya negado ese derecho a cinco chicas de 15 años y les haya impuesto a la fuerza volver bajo el control de quienes fueron denunciados. Y, fíjense, para enviarlas después a otros centros que se adecuan más a sus necesidades. Para ese viaje no hacían falta esas alforjas. Málaga, 7 de Julio 2009. |