ANÁLISIS // RESPONSABILIDADES,
OMISIONES Y FALTAS EN LA GESTIÓN DE LOS CENTROS DE MENORES
Más de 3.800 euros al mes
por niño
diagonalperiodico.net Número 96. Del 19 de febrero al 4 de marzo
de 2009
Este educador, que lleva más de 40 años
dedicado a revisar la pedagogía y 30 de intensa convivencia con niños y jóvenes
marginados, denuncia la dejación de las instituciones del Estado.
A los niños que están
siendo víctimas de malos tratos en algunos centros de tutela, a buen seguro que
les tendrá sin cuidado que quien les somete a violencia lo haga desde
instancias públicas o privadas. Pero a quienes estamos convencidos de que el
cuidado de los niños nos compete a todos, nos alarma de un modo especial el que
la responsabilidad de esta violencia señale precisamente a quienes en nombre
del Estado están llamados a impedirla. Sin ellos no habría sido posible ir
consolidando año tras año tanta carga de impunidad. ¿En dónde andaba la
Fiscalía y la judicatura del Estado para que tenga que venir la oficina del
Defensor del Pueblo a recordarles sus obligaciones? ¿Acaso no existe en cada
Comunidad Autónoma una entidad administrativa a quien compete el cuidado de
estos niños? Ella es quien los recibe o incluso se los apropia por la fuerza,
quien los distribuye por centros públicos o privados, quien debiera vigilar la
gestión que le encomienda a esos centros e incluso quien los subvenciona en
casi su totalidad con inexplicable desmesura.
Lo que más me sorprende en
esta desdichada historia es lo desagradecidas que pueden llegar a ser las
empresas que montan estos centros, sean públicas o privadas, precisamente con
los niños que las abastecen: el cuidado de estos niños, en donde podrían
estarles maltratando, aporta de media 3.800 euros chico/mes, y si se trata de un
centro público, en torno a 9.000 euros. Los ciudadanos quedamos estupefactos al
oír esas cifras, ¿qué no podría hacer cualquier familia o cualquier
colectivo a pie de calle con sus niños, si mensualmente les tocara esa lotería?
El problema está en el diseño político. El que la Administración trate de
justificar lo que paga sólo puede ser un gesto más de complicidad e impunidad.
En el Foro Económico Mundial
de Davos (1999) se propuso un Pacto Mundial entre los líderes empresariales y
las máximas representaciones políticas, “con principios y valores
compartidos, para darle cara humana al mercado global”. En nuestro país, en
efecto, lo público y lo privado llevan demasiado tiempo compartiendo cosas. La
proliferación de negocios-descomunales-sinafán- de-lucro y sin control
efectivo es una prueba, la cara demasiado humana del mercado global. Estos días
mucha gente se pregunta quién puede estar detrás de estos negocios
embrutecedores, quién patrocina esta industria punitiva contra simples niños,
qué mentalidad enfermiza les anima.
Pero a mí me parece que la
pregunta imprescindible no es quién puede estar detrás, sino quién debería
estar delante y no le dejan. Lo más común a cualquier delito es su voluntad de
pasar desapercibido. Mientras en la actual coyuntura política estos niños no
cuenten, por ley, con alguien de su propia gente interesada y comprometida en
fiscalizar lo que hacen con sus hijos, los chavales jamás podrán librarse del
maltrato que están padeciendo.
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