R.?M.?D trabajó como educador durante dos años en un centro de protección de menores con trastornos de conducta en la comunidad de Castilla- La Mancha. Algunos de estos centros, conocidos como terapéuticos, han sido denunciados en un informe del Defensor del Pueblo que se hizo público el lunes, por abusar y maltratar a los menores que viven en ellos.

R.?M.?D conversó con La Voz ayer y señaló que «lo que dicen los medios de ese informe es verdad». Explicó que su experiencia como educador en el centro, donde había menores de entre 10 y 18 años, «fue bastante dura, porque me sentía como un carcelero». Aunque estudió psicología, afirma que fue contratado «no por mi formación profesional, sino por mi contextura física», y asegura que el director del centro le explicó que eso era importante «para contener e intimidar a los chicos». «Pero tres personas de más de un metro ochenta reduciendo a un chico de 13 años de forma violenta, pueden hacerle mucho daño», lamentó.

Tal y como lo detalla el informe del Defensor, este educador confirmó que fue testigo de los diferentes castigados impuestos a los adolescentes: «La mayoría de las sanciones eran de aislamiento, ya fuera en su habitación, que no es más que una celda con un camastro, o en la sala de contención, que tiene las paredes de goma espuma», dijo. Además, aclaró que «aunque el máximo permitido de aislamiento era de 24 horas, los sacaban y los volvían a meter, por lo que había sanciones en cadena de hasta siete días».

Otros castigos «eran increíbles», afirmó, como «ponerlos a cavar una zanja de 8 de la mañana a 2 de la tarde para después rellenarla, u obligarlos a hacer ejercicio físico excesivo, hasta hacerlos llorar». R.?M.?D explicó que la conducta de los niños y jóvenes en estos centros es «conflictiva, la mayoría viene de familias desestructuradas, pero se les castiga por cualquier cosa. Si por ejemplo uno de ellos eructaba en la mesa, lo encerraban ocho horas en el cuarto de baño».

La conclusión que saca este educador es contundente: «De ahí, muchos terminan pasando al reformatorio, y luego a la cárcel».

Denuncias

«Hemos recibido denuncias por el uso de celdas de aislamiento, por dejarlos sin comer un día como castigo por algún mal comportamiento, o por suministrarles drogas como antipsicóticos o antidepresivos», explicó ayer a La Voz José Luis Calvo, portavoz de la Asociación Pro Derechos del Niño y de la Niña (Prodeni) y que desde hace años «viene luchando para que esto se investigue y se dé a conocer». Según él, «la administración no ejerce control sobre estos centros y muchos de ellos se convierten en pequeños Guántamos: sitios sin ley ni regulación, donde los menores no tienen derechos ni pueden denunciar lo que sufren», concluyó.