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La primera ley autonómica contra la homofobia logra
unir a partidos de izquierda y derecha
El Parlamento andaluz aprueba por unanimidad una
norma que blinda los derechos de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales,
la primera ley pactada entre Susana Díaz y Podemos

Pleno del Parlamento de Andalucía. E.P.
PÚBLICO/AGENCIAS
sevilla
19/12/2017
El Parlamento de
Andalucía ha aprobado este martes por unanimidad la ley que reconoce los
derechos de gays, lesbianas, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI).
Ha sido una jornada inédita en la Cámara autonómica,
donde es absolutamente inusual que partidos de izquierda y de derecha se
pongan de acuerdo en un contenido legal tan ideológico como la diversidad
sexual y de género. También es una rareza porque se trata de la primera ley
pactada por el PSOE de Susana Díaz y Podemos, grupos que forcejean a diario
por esgrimir la bandera de la izquierda.
De hecho, los socialistas y el grupo morado llevaron
a la Cámara autonómica por separado dos leyes distintas contra la homofobia,
y en el camino han sabido encontrarse, retirar sus textos y consensuar una
norma conjunta. Posteriormente han sumado los apoyos de PP y Ciudadanos,
incorporando al texto sus enmiendas, y así es como un Parlamento
habitualmente fragmentado ha logrado una unanimidad marciana en la política
actual.
El PSOE ha aprovechado,
eso sí, para instar al PP a exportar esta ley al conjunto del Estado. El
Congreso está precisamente ahora tramitando una ley similar que busca
erradicar la discriminación que sufre el colectivo y lograr que la igualdad
legal que han conquistado tras años de lucha se convierta en una igualdad
real, como recoge el artículo 14 de la Constitución.
El texto, cuyo debate
final ante el Pleno fue seguido desde la tribuna de invitados por
asociaciones LGTBI, incorpora como principal novedad la inclusión de las
familias en el ámbito de la regulación, especialmente las homoparentales.
Asimismo, establece la creación del Consejo Andaluz de Participación del
colectivo LGTBI, órgano de consulta, asesoramiento, representación y
participación que se encargará, entre otras funciones, de evaluar el
desarrollo de las políticas en la materia y de elaborar un informe anual.
En el ámbito sanitario,
la nueva norma incorpora los derechos de los menores transexuales ya
recogidos en el Proceso Asistencial Integrado que la Consejería de Salud
desarrolla desde enero de este año. Se incluyen entre ellos el tratamiento
de bloqueo hormonal al inicio de la pubertad, para evitar el desarrollo de
caracteres sexuales secundarios no deseados, y el tratamiento hormonal
cruzado en el momento adecuado para propiciar el desarrollo de los deseados.
Asimismo, respecto a los menores intersexuales, el sistema sanitario público
de Andalucía velará para que las prácticas de modificación genital en recién
nacidos no atiendan únicamente a criterios quirúrgicos.
Respecto a la inserción
social, la propuesta establece medidas dirigidas a víctimas de violencia y a
personas en situación o riesgo de vulnerabilidad y exclusión social, además
de otras específicas de apoyo, protección y mediación a menores y jóvenes
sometidos a situaciones de presión o maltrato psicológico y/o físico.
Por su parte, los
centros residenciales, los de día para personas mayores, los de
participación activa y los destinados a personas con discapacidad
garantizarán el derecho a la no discriminación de las personas tanto a
título individual como en su relación sentimental.
En materia educativa, se
refuerzan las medidas de lucha contra el acoso escolar por motivos de
orientación o diversidad sexual, así como las acciones para detectar,
prevenir y proteger de acciones de discriminación hacia personas LGTBI,
incluyendo a las que forman parte de familias homoparentales.
En el ámbito laboral,
la principal novedad es la incorporación de criterios de igualdad de
oportunidades en las convocatorias de ayudas y subvenciones de fomento del
empleo. Las destinadas a conciliación laboral incluirán igualmente cláusulas
para reconocer la heterogeneidad del hecho familiar.
La ley también incluye
un régimen de infracciones y sancionador para prevenir y erradicar cualquier
forma de discriminación y proteger y reparar a las víctimas. Se distingue
entre infracciones leves, graves y muy graves, con multas de hasta 120.000
euros. Estas cuantías irán acompañadas, además, de la prohibición de acceder
a cualquier tipo de ayuda pública, la inhabilitación para ser titular de
centros de servicios de carácter público y el cierre o suspensión temporal
de los mismos por un periodo máximo de hasta cinco años.
La consejería con
competencias en materia de igualdad deberá elaborar anualmente un informe
estadístico sobre las agresiones y discriminaciones contra personas LGTBI y
los casos de delitos de odio, teniendo en cuenta los datos aportados por los
puntos de Información y atención a las víctimas.
Valoraciones de los
grupos
La consejera de
Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha agradecido a
todos los grupos el trabajo que han desarrollado de la mano de los
colectivos LGTBI y ha garantizado el desarrollo de esta ley desde el Consejo
de Participación. Ha expresado que el pueblo andaluz se sentirá hoy
satisfecho.
En el turno de
intervenciones de los grupos, la parlamentaria del PSOE-A Soledad Pérez ha
destacado que hoy nos trae aquí la defensa de los derechos humanos y un
sentimiento de orgullo y ha señalado que su partido es el único que ha hecho
historia en este país en defensa de los derechos humanos y de los derechos
de los colectivos LGTBI, porque "somos activistas de la diversidad y no solo
personas tolerantes". Ha recalcado que Andalucía contará con una ley inédita
en España, que incorpora como principal novedad la inclusión de las familias
en el ámbito de la regulación.
Ha mostrado su
preocupación por que en la actual sociedad aún estén presentes delitos de
odio que sufre el colectivo LGTBI y que "deben tener el rechazo social de
toda la comunidad". Ha resaltado que, ante ello, esta ley, que es valiente,
busca "prevenir, atender y eliminar impulsos de Lgtbifobia". Ha señalado que
los socialistas no pararán de reivindicar una Ley LGTBI para toda España.
Por su parte, la
diputada del PP-A Esperanza Oña ha indicado que se trata de un día
trascendente porque se aprueba una ley que parte de unos principios básicos
que toda la sociedad debería respaldar, aunque, según ha lamentado, habrá
gente que no entienda lo que se ha aprobado. Ha pedido al Gobierno andaluz
que esta no sea una ley "de pose, de gesto político ni de palabras
preciosas", sino de compromisos firmes y que las medidas que se contemplan
se lleven a la práctica y cuenten con dotación presupuestaria. Ha lamentado
que PP-A y Ciudadanos quedaran "excluidos" en la presentación inicial del
texto conjunto.
Por su parte, el
diputado de Podemos Jesús Romero ha manifestado que esta ley demuestra que
es posible poner a la instituciones a la altura de la gente y encontrar
espacios de consenso, el cual ha sido posible gracias al trabajo de los
colectivos LGTBI durante años. "Esta ley es la ley de los colectivos LGTBI,
que han trabajo sin descanso para conseguir una de las normas más
avanzadas", ha señalado Romero, destacando que además es una ley ejemplar,
que va a colocar a Andalucía a la vanguardia en la defensa de los derechos
sobre sexualidades e identidades.
La parlamentaria de
Ciudadanos Marta Bosquet ha señalado que esta ley es un "mérito" de los
colectivos LGTBI de Andalucía, por su labor y tesón, y que hoy consiguen el
reconocimiento y la protección a sus derechos. Ha apuntado que esta
comunidad da un paso más en la lucha contra cualquier tipo de discriminación
por razón de sexo u orientación sexual.
El portavoz
parlamentario de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha manifestado que la aprobación
de esta norma es un momento histórico en un largo camino y desde "un orgullo
del sur". Ha indicado que esta ley es audaz y contundente y da varias
lecciones: se rompe una ley no escrita que dice que en periodo de crisis se
aparcan los derechos civiles y pone de manifiesto que una sociedad civil
organizada y bien articulada garantiza una norma como esta.
La protección de los derechos LGTBI está regulada
parcialmente en Andalucía a través de la Ley 2/2014, de 8 de julio, para la
no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de las
personas transexuales de Andalucía. Esta norma dio respuesta a las demandas
planteadas por el colectivo para ampliar la regulación más allá de la
rectificación registral de la mención de sexo y nombre propio en el Registro
Civil, que desde 2007 permite la legislación estatal.
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