La reforma del Código Penal de 1995 abrió la puerta para que la
distribución de pornografía infantil fuera considerada delito y el
término «corrupción de menores» se incluyera, con todas sus
variantes, en el texto punitivo vigente. Las asociaciones de defensa de
la infancia piden más. «Queremos que se penalice la posesión», clama
José Luis Calvo, presidente de la Asociación por los Derechos del
Niño. «Hay casos en que a un individuo se le han decomisado toneladas
de material porno de críos y no se ha podido demostrar que fuera para
vender».
http://www.elmundo.es/papel/hemeroteca/2000/05/07/sociedad/835281.html
